-La medida tomada por los detenidos consistía en la negativa a reingresar a los pabellones, permaneciendo en el patio de la unidad, sin actitud que llevara a la incitación o a la agresión y sin antecedente de violencia o provocación.
-Habiendo tomado contacto con los reclusos por medio de sus familiares, y luego de haber establecido contacto directo con algunos de ellos, en función de eso y de las solicitudes angustiantes de ayuda, me presenté el jueves 15 de enero en las instalaciones de la Unidad Penal, y me negaron el ingreso a la misma. Las personas que me recibieron, cuyos rangos desconozco y de apellidos Valdéz y Rodríguez, adujeron desconocer las normativas vigentes en el marco de la Creación del Mecanismo para la Prevención de Torturas y otros Tratos Inhumanos, Crueles o Degradantes. Desconocen también la facultad de un legislador para ingresar a un presidio, más aún cuando éste se encuentra radicado en la misma provincia en la que, como es mi caso ejerzo el cargo, y con gran número de detenidos de mi propia provincia.
Argumentaron también la ausencia de superiores que pudieran autorizar el ingreso, y que las formalidades del Servicio Penitenciario Federal requieren previo aviso.
Les expliqué las facultades que genera la Creación del Mecanismo para la Prevención de Tortura al que Misiones adhirió a través de la Legislatura Provincial, que justamente habilita el ingreso sin previo aviso, tal el carácter de monitoreo, que de otra forma no podría cumplirse fielmente. Igualmente me deniegan el ingreso.
-Regresé a la Unidad Penal al día siguiente, el viernes 16 de enero, intentando ingresar nuevamente y llevando copia de la Ley Nacional de Creación del Mecanismo de Prevención de Torturas, y la Ley Provincial de adhesión a la misma. Nuevamente fui recibida por Rodríguez, quien insistió en la negativa a mi ingreso, reiterando como razón, la ausencia de superiores. Ese día, el señor jefe de la Unidad Penal, recientemente asumido, Adrián Espinosa, me recibió junto a mi equipo de trabajo en la sede del casino de la fuerza, ubicado en Candelaria. El propio jefe nos negó el derecho a ingresar tanto a mí como a mis colaboradores, aduciendo razones de riesgo para nuestra integridad física, argumento remanido ya frente a éstas circunstancias.
-Esa misma tarde del viernes 16, recibí la notificación por parte de uno de los detenidos, de que otro interno había sido apuñalado, y que fue llevado al Hospital Central Ramón Madariaga de Posadas, agregando además que temían por su integridad física, ya que ésto se utilizaría como excusa para reprimir a quienes estaban protesta. El herido resulta ser una persona de origen chileno, que habría adherido a la protesta y luego desistió de la misma al modificarse las condiciones objetivas de su situación, es decir, habiéndose puesto en marcha los mecanismos necesarios para su extradición, situación que solicito se constate.
-Numerosas veces intenté infructuosamente comunicarme con el delegado de la Procuración para que se pusiera al tanto de lo ocurrido. No pude conseguir comunicarme, razón por la cuál me dirigí al Hospital Madariaga para averiguar acerca del estado de salud del recluso herido. Allí me informaron que su estado no era preocupante, y que saldría esa misma noche debiendo volver al día siguiente para que le hicieran curaciones. De la comunicación que pude obtener con el recluso, tengo infomación de que el mismo habría sido herido dentro de un pabellón, a raíz de una discusión con otro interno por razones de convivencia.
-En este punto me llama poderosamente la atención, que recientemente asumido un nuevo jefe, con lo estrictas que suelen ser las requisas bajo tales circunstancias, un recluso haya podido contar con un arma blanca dentro del pabellón, o en cualquier localización del penal, considerando de extrema gravedad la connivencia o inoperancia, según resulte de la investigación que solicito se ponga en marcha a la brevedad, que permitió que tal situación tuviera lugar.
-Esa misma tarde, me dirigí a la Ministerio Ṕúblico Federal a fin de poner en conocimiento de la gravedad de la situación a los correspondientes responsables en la provincia, pero no encontré ninguna posibilidad de contacto frente a la emergencia.
-Los detenidos se comunicaron conmigo el sábado 17, avisando que la noche anterior, los jefes habían estado departiendo amigablemente con los reclusos del pabellón de Lesa Humanidad, que se encuentran alojados en el mismo penal, circunstancia en la cuál éstos últimos instruían a los actuales jefes de cómo debían desarrollar la operación. Por esta razón deduzco que sabían que iban a ser reprimidos y trasladados entre la tarde del sábado 17 y el domingo 18 de enero. Tuve ocasión de comunicarme con el Director Nacional de la Procuración Penitenciaria de la Nación, quien estaba al tanto de esta circunstancia que menciono.
-Intenté nuevamente comunicarme con los responsables locales de la Justicia Federal, recorriendo todos los edificios a los cuáles debía remitirme a tal efecto, pero no encontré una sola persona a quién presentar un pedido de Habeas Corpus. El gendarme de guardia en el Juzgado Federal de la ciudad de Posadas, tuvo la amabilidad de poner a mi disposición el número de quien estaría a cargo de la Secretaría N° 3, que al ser consultada advirtió que si le enviaba ese pedido se declararía incompetente, y que ya había en curso otro pedido similar.
-Uno de los reclusos, Raúl Alberto Torres, había hecho tal presentación según pude indagar después, preocupado por su deterioro en la salud, y la jueza federal María Skanata, se había excusado declarándose incompetente.
Quiero hacer expresa y dejar sentada por escrito, mi preocupación enorme por el desamparo en que se encuentran las personas privadas de su libertad en el territorio provincial, más aún la constatada indefensión en el fuero en el que los responsables optan por deslindar esas responsabilidades y no resolver sobre cuestiones urgentes.
Es grave que no haya habido una sola persona de la Justicia Federal dispuesta a recibir una denuncia, o expedirse ante un pedido de Habeas Corpus, y que sin embargo se haya dispuesto el traslado de los internos involucrados en la protesta, en la madrugada del domingo 18 de enero.
Evidentemente quienes deben impartir justicia, tienen contacto directo con los que a su vez son responsables directos por la seguridad integral de los detenidos; pero no están disponibles para quienes velamos por sus derechos básicos.
Solicito por lo tanto la urgente investigación e intervención en lo relativo al elemento cortopunzante que se utilizó para herir al interno de origen chileno, Silva Barra, y cómo ese elemento se encontraba dentro del penal aún mediando las requisas, sancionando a los responsables de ésta grave falta.
-Que se tome declaración a todos los detenidos, a fin de constatar que los sindicados como atacantes fueran realmente responsables, dado que quienes estaban en el patio aducen no haberse enterado sino después de la agresión, y cuando estaban llevando al herido a ser atendido medicamente.
-Que se tome declaración al delegado de la Procuración Penitenciaria, en el sentido de por qué razón su argumento era idéntico al del jefe de la Unidad Penal para explicar la situación, pero no había conversado con los reclusos sobre lo ocurrido, con lo cuál habría conocido la otra versión de los hechos.
-La diferencia entre si la lesión sufrida por Silva Barra fue en un pabellón o en el patio, permite comprender si tuvo relación o no con la protesta. Si los sindicados como responsables lo fueran, este hecho debió suceder en el patio, cosa que no ocurrió.
-Que se haga un seguimiento exhaustivo sobre las condiciones de salud de Raúl Alberto Torres, cuya copia de su historia clínica tengo en mis manos, la que demuestra que al ingreso a la UP-17 de Candelaria, el Sr. Torres se encontraba en perfecto estado de salud. Ello demuestra también que la lesión que hoy acarrea (hernia de disco) efectivamente se produjo dentro de la unidad carcelaria, mientras trabajaba en la fábrica de bloques de cemento, y que debido a la falta de tratamiento adecuado, sufrió diversas dolencias, como eczemas en la piel y heridas purulentas ocasionadas por la reacción hepática de la la medicación que estuvo recibiendo. Que se encuentra en un estado de muy bajo peso debido a los dolores y malestares que sufre a razón de la mencionada lesión sobre la cual no recibió adecuada atención médica.
-Que se ponga en conocimiento del juez a cargo del Sr. Torres, a fin de que ordene su detención domiciliaria, considerando que se encuentra en la última etapa de la ejecución de su condena, y de las dolencias a las que fue sometido por la violencia institucional ejercida sobre él.
-Que se comunique a todas las instancias intervinientes de la necesidad de garantizar no sólo los derechos humanos de los detenidos, sino la igualdad de condiciones en relación a los detenidos por delitos de Lesa Humanidad, y el deber de admitir el ingreso a una institución de encierro de un legislador, que tiene dentro de sus atribuciones velar por el fiel cumplimiento de la Constitución y los convenios internacionales de rango Constitucional.
-Que se investigue el accionar de todos los responsables de esta situación de abandono e indefensión en que se encuentran estas personas, indagando al cuerpo médico que permitió que el Sr. Torres llegara a las condiciones de salud actuales, que por desesperación lo llevaron a tomar la medida de protesta mencionada más arriba.
-Que asimismo se investigue el caso del Sr. Ramón Jiménez, oriundo de Corrientes, recientemente liberado en plena feria judicial, que también por lesiones producidas en sus miembros inferiores y por falta de atención médica, correrían riesgo de ser amputados, razón por la cuál se lo puso en libertad como una manera de desentenderse del “problema”.
Dejo de manifiesto mi honda preocupación tras haber constatado en una sola semana de intervención, múltiples irregularidades e irresponsabilidades en el ejercicio de la función de varias personas que deberían velar por la integridad física de los detenidos, y les ruego encarecidamente tomar con la mayor seriedad y contundencia las investigaciones que solicito en la presente nota, a fin de que éstos hechos no se naturalicen, y se pueda erradicar de nuestras cárceles todo vestigio del autoritarismo que tanto daño le hizo a la moral de nuestra sociedad; y especialmente de nuestras fuerzas de seguridad.
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